César Herrero Pombo

Tábula, ISSN 1132-6506, n. 94, 2022 p. 123-141

Podemos convenir que, en la gestión documental del Sector Público, nuestra material prima es normativamente documental, constituida por unos átomos (los documentos electrónicos) que se agrupan en moléculas (expedientes electrónicos). Par su correcta “manufactura”, debemos conocer sus propiedades y ser capaces de describirlas en normas más o menos estables y aceptadas que nos permitan su intercambio, conservando esas propiedades y eficacia jurídico-probatoria. Sin embargo, parece que seguiremos moviéndonos en un entorno de softlaw, agravado en la práctica por la complejísima arquitectura del poder territorial diseñada por la Constitución de 1978, que genera una hipertrofia normativa difícilmente asimilable y que puede llegar a saturar la capacidad de las organizaciones públicas para su interiorización y absorción. Esta “debilidad” constitutiva se verá acentuada, finalmente, por el sesgo inevitable de quien la última palabra para declarar la validez formal de los documentos: los tribunales de justicia. En este ámbito, la eficacia probatoria del documento público administrativo se centra en el efecto de prueba plena que le asigna la norma y en la restricción del elenco de herramientas para su impugnación.

Conclusiones del artículo