Lara Nebreda Martín

Revista General de Información y Documentación, ISSN 1132-1873, Vol. 28, n. 1, 2018, p. 213-241

La Constitución de la Segunda República fue la primera Carta Magna española en incluir un artículo especialmente dedicado al patrimonio, su defensa y su conservación por parte del Estado. El objeto de este artículo es recopilar y analizar la legislación relativa al comercio de antigüedades y a la protección y conservación del patrimonio histórico-artístico durante la Segunda República hasta el inicio de la Guerra Civil.

Este periodo histórico se caracterizó por un gran número de disposiciones legales encaminadas a regular diferentes aspectos relacionados con el arte, la arqueología, la historia y la cultura en general.  En este estudio podemos encontrar las leyes referentes al periodo entre 1931 y 1936, destacando además los aspectos más relevantes de las mismas. Por ello debemos tener en cuenta la legislación de 1931 y 1932, al inicio de la Segunda República, además de la Ley de 13 de mayo de 1933 relativa al Patrimonio Artístico Nacional, otras disposiciones legales promulgadas entre junio de 1933 y julio de 1936, el Reglamento de 16 de abril de 1936 para la aplicación de la Ley relativa al patrimonio, y por último, toda la legislación que nos trae a colación el uso oficial de la fotografía como elemento para garantizar la protección del patrimonio histórico-artístico. Las normativas promulgadas durante estos años muestran la valoración de los instrumentos documentales, inventarios, catálogos, fichas y por supuesto la fotografía, como herramientas esenciales para garantizar la conservación y protección de los bienes culturales. Podemos considerar un éxito el incremento del uso de la fotografía en las labores de documentación de los objetos considerados valiosos. En definitiva, los diferentes gobiernos que se sucedieron en el poder entre el 14 de julio de 1931 y el 17 de julio de 1936, promulgaron numerosas disposiciones legales encaminadas a regular aspectos relativos al arte, la arqueología, la historia y la cultura en general. Las disposiciones legales enmarcadas en este periodo supusieron un avance respecto a las normativas previas, sobre todo en el desarrollo del concepto de patrimonio tal y como lo entendemos hoy en día y en su regulación como un elemento esencial para el Estado Español. En esta línea destacan las primeras medidas destinadas a defender el patrimonio inmaterial y etnográfico. Estas disposiciones contribuyeron de manera innegable a establecer la idea de que los bienes culturales españoles deben protegerse y conservarse, observando la necesidad de crear una conciencia social que garantice su preservación.

Resumen realizado por José María Amate Sánchez