María Soledad Bravo-Marchant

The serials librarian, ISSN 1541-1095, Vol. 69, n. 3-4, 2015, p. 285-297

El anterior modelo de financiación adoptado por Chile para implementar programas de acceso a la información científica había sido único en Latinoamérica. Países como Argentina, Brasil y México habían probado con éxito incluir la oferta de servicios en los presupuestos generales de la nación, y habían alcanzado un modelo de acceso universal. Por otro lado, Chile había seguido un camino donde un modelo de co-financiación y la lógica derivada respecto de la acción del estado, crearon el Electronic Library of Scientific Information Program (BEIC), que limitó los beneficios sólo a aquellos usuarios que pertenecían a instituciones que tenían la capacidad de pagar y disponían de una comunidad consolidada de investigadores. Este artículo analiza las opciones de políticas públicas adoptadas para asegurar los accesos a los recursos de información científica por las comunidades de investigadores y reflexiona sobre el importante cambio ocurrido en 2012, cuando el Estado chileno decidió financiar el coste total del Programa BEIC, y definir de facto el acceso a la información como un derecho universal. El artículo trata igualmente los retos futuros y los nuevos rasgos programáticos como resultado de las evaluaciones periódicas del programa.

Traducción del resumen de la propia publicación