No debería implicar ninguno. De acuerdo con la Declaración conjunta de la Conferencia de Bibliotecas Nacionales Europeas y de la Federación de Editores Europeos, se incluye en el real decreto una formulación que garantice que el cumplimiento de la ley no “perjudique los legítimos intereses de los que detentan los derechos ni entre en conflicto con la explotación comercial que ellos hagan de dicho material” (art. 8.4). Asimismo se especifica que “En ningún caso el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo podrá suponer a los editores o productores una carga económica adicional a la directamente derivada de la mera transferencia de los contenidos y sitios web que permita dar cumplimiento a la obligación legal de depósito de las publicaciones en línea”.

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