A Javier Docampo, in memoriam.

La esencia de los archivos, las bibliotecas y los museos es el servicio público. Su misión consiste en apoyar al ciudadano en sus necesidades educativas, culturales o administrativas cuando acude a estas instituciones en calidad de usuario, lector, investigador o visitante[1]. Así pues, la finalidad se logra prestando una mejor asistencia, con unos mejores horarios y una mayor disponibilidad. En muchos casos, solo los recursos públicos consiguen garantizar la universalidad del acceso de todos los ciudadanos a la cultura, dotando a estas infraestructuras administrativas de un carácter oficial y garantizando la prestación de servicios a través de una plantilla de personal fijo y unos recursos económicos seguros. En sentido contrario, el cierre –parcial o definitivo- de estos centros es una antinomia, un ir en contra de su filosofía vital.

La tradición cultural española siguió los pasos de otros países de nuestro entorno más próximo como Francia o Italia, que entendían que la cultura debía quedar circunscrita a instituciones culturales dependientes del Estado[2]. Así fueron creándose los archivos, las bibliotecas y los museos provinciales, dependientes del decimonónico Ministerio de Fomento (más tarde llamado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes)[3]. Para su funcionamiento, se creó un cuerpo oficial de funcionarios especializados, el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos[4].

A pesar de haber recibido severas críticas estos centros y el Cuerpo Facultativo por su carácter elitista, esto no es óbice para comprobar que los máximos responsables de estos organismos consideraban que el servicio público era su esencia. Lo condensaron en su lema Sic vos non vobis. Era incomprensible que el lector no pudiera recorrer los ficheros de la biblioteca para saber qué libros había, ni los inventarios de los archivos para determinar qué documentos necesitaba. Era criticable la elección de libros eruditos para actualizar el fondo bibliográfico sin tener presente los gustos del “lector medio”[5]. Pero como tales centros oficiales, tenían que estar abiertos a la ciudadanía. Y cuanto más, mejor. Aunque al cabo de los años comprendieron que una apertura generosa conllevaba un aumento de gastos en personal, servicio y mantenimiento de edificios que no siempre podían asumir dada la parquedad del presupuesto.

En todo caso, reducir los horarios públicos se consideraba ir en contra de la idiosincrasia del servicio público.

La decisión debía ser meditada y aprobada por la instancia más alta, que en aquel entonces residía en la Dirección General de Bellas Artes y en la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos. En 1881 la Biblioteca Nacional asumió este paso para adecuar los recursos a la demanda, eliminando el horario nocturno sin tocar el servicio diurno[6]. En cascada, la Junta Facultativa tuvo que autorizar los recortes de horarios y cierre de bibliotecas en días festivos de bibliotecas universitarias y provinciales en la siguiente década[7].

Ahora bien, cierre en horarios de muy baja demanda o en domingos no afectaba al servicio público, equivalente de abierto. El cierre solo podía ser temporal, por un espacio breve, debidamente justificado y preferentemente con indicación de fecha de reapertura. La Junta Facultativa aceptaba cierres provisionales por causas justificadas como eran el traslado de fondos a otro local[8], la reinstalación de la colección bibliográfica en otras salas dentro del mismo edificio[9] o los recuentos de fondos[10]. También si había obras[11] o si requería una limpieza a fondo[12]. La Junta se resignaba a dar su visto bueno al cierre parcial de museos y prefería que en el peor de los casos, quedaran abiertos aunque algunas de las salas cerradas[13]. En casos excepcionales había que decretar el cierre por el estado ruinoso de la sede[14], porque es bien sabido que la Administración Central reaprovechó muchos monumentos desamortizados semi-abandonados para instalar en ellos estas nuevas dotaciones culturales. Por igual motivo, se alarmaba al notificarle un próximo cierre por la cercana jubilación del facultativo ya que el sistema administrativo es por naturaleza lento y esto podía acarrear la clausura por varios meses[15]. Esto se debía a la escasa dotación de personal en los archivos, bibliotecas y museos, ya que de normal el facultativo destinado en provincia hacía “doblete” o “triplete” al ser al mismo tiempo director de la biblioteca provincial, del museo provincial y de los archivos provinciales (Delegación de Hacienda, Audiencia).

Pero lo que nunca asumió la Junta Facultativa fue el cierre unilateral del servicio sin motivos justificados. Al enterarse, no dudaba en proponer sanciones al personal que había incurrido en semejante falta o apercibirle[16].

Como hemos visto, la Biblioteca Nacional ha ido adaptando sus horarios a las circunstancias del momento y a sus recursos pero manteniendo siempre el espíritu público abierto. En esto siempre ha encontrado la complicidad de la superioridad que ha sancionado legalmente los horarios y los cierres mediante Real Orden[17]. Las circunstancias también han modificado las premisas iniciales. Uno de los casos a los que ha tenido que acogerse como fuerza mayor es el de los traslados a sus sucesivas sedes. Se decretó el cierre de la Biblioteca Real en el último trimestre de 1809 para llevarla al ex convento de la Trinidad[18]. Del mismo modo, se le autorizó al Director a cerrarla, si lo consideraba pertinente, para mover las colecciones al actual palacio de Recoletos en 1894[19].

Motivos sanitarios eran a la postre los más apremiantes. Desde el Antiguo Régimen esta circunstancia estaba contemplada y bastaba al afectado con solicitar una licencia para recuperar la salud o adjuntar un certificado médico para conseguir el permiso[20]. Hay no pocos casos de estos en el Archivo de la BNE y cubren varias circunstancias como el permiso para ausentarse de la Biblioteca e ir a otra localidad de clima más temperado, o solicitar ayudas extraordinarias para pagar medicamentos o cuidados facultativos, hasta llegar a la jubilación anticipada o la baja definitiva por enfermedad.

Como hemos dicho, eran casos individuales frecuentes hasta el punto de haber regularizado la Administración esta situación administrativa aplicable también a la Biblioteca Nacional[21]. El principio consistía en cubrir el hueco pero mantener el servicio abierto. La Biblioteca Real había previsto que en ausencia de bibliotecarios, estos pudieran ser suplidos por los oficiales primeros[22]. Esto generaba expectativas a los oficiales que permanecían en activo. Sobre todo, aquellos que estaban situados en el escalafón en un puesto inferior, ya que de inmediato solicitaban cubrir la vacante previo nombramiento en calidad de supernumerario, honorario o interino[23].

Se sobreentendía que pasadas las circunstancias personales anómalas, el regreso a la normalidad del trabajador restablecía el equilibrio. Se esperaba que la ausencia individual podía erosionar temporalmente el servicio en forma de retrasos, servicio más lento, etc. Los expedientes del Archivo nos documentan dos casos infrecuentes en los que la sucesiva enfermedad de los bibliotecarios obligó a demorar el trabajo cotidiano más de lo deseable. Una sucedió en 1744 cuando hubo ausencia de bibliotecarios por baja médica[24] y otra en 1841 por el mismo motivo retardó la selección de obras de la biblioteca de Juan López Peñalver[25]. Pero en ambos casos, la Biblioteca no cerró.

Es ocasión de abordar el caso ciertamente interesante de uno de sus bibliotecarios regios, Luis Babich[26]. En 1803 fue trasladado desde la Secretaría de Interpretación de Lenguas a la Biblioteca Real aun cuando no contaba con el visto bueno de Pedro de Silva, Bibliotecario Mayor. Estando infectada la ciudad de Málaga por la peste, se ofreció voluntario a la Junta Suprema de Sanidad, para lo cual demostró debidamente sus conocimientos al haber defendido una disertación sobre el modo de contener y curar una epidemia (1802-1803)[27].

[Efectos de los bombardeos en Madrid.. Biblioteca Nacional]

A pesar de haber sido azotado nuestro país por sucesivas pestes y enfermedades contagiosas, la Biblioteca abría sus puertas asumiendo que alguno de sus trabajadores se vería afectado y caería enfermo. Cual ejército disciplinado, perdía un soldado pero la tropa cerraba filas. El repaso de la documentación de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos no nos permite determinar permisos de cierre por motivos sanitarios que hoy entendemos estarían justificadísimos. Está claro que en aquellos años el hombre había aprendido a convivir con la enfermedad y las infecciones. Ninguna referencia clara en las actas de la Junta encontramos sobre la pandemia de la llamada gripe española (1918-1920).

[Efectos de los bombardeos en Madrid.. Biblioteca Nacional]Lo que hasta entonces no había conseguido ningún virus lo logró el hombre. En 1936 la Guerra Civil lo modificó todo. Aun así, la Biblioteca Nacional quiso mantenerse fiel a su espíritu público y siguió trabajando[28]. Incluso se afanó en mantener abierto el servicio de la tarde con la incorporación de más auxiliares[29]. Están documentados algunos de los quehaceres. A Martín de la Torre, bibliotecario de la Sección de Manuscritos, se le encargó en agosto de 1936 confrontar la colección de códices clásicos de la BN con la del Instituto Valencia de Don Juan[30]. Pero las circunstancias se iban degradando. Fue necesario poner un retén armado[31] y pedir tres mil sacos terreros[32]. Nuestro vecino, el Museo Arqueológico Nacional, que había adoptado medidas similares[33], determinó que no podía continuar así y el 7 de septiembre de 1936 decidía el cierre[34]. Otros muchos museos y bibliotecas provinciales repartidos por ambos bandos clausuraron el servicio[35]. En Madrid, cerraron sus puertas la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras[36] o la Biblioteca Popular de La Latina[37],

Para la Biblioteca Nacional fueron meses de reajustes de plantillas. Funcionarios de otros destinos pasaron a prestar su servicio en la Biblioteca colaborando entre noviembre y diciembre de 1936 en la selección de fondos bibliográficos valiosos con vistas a su eventual evacuación a Valencia[38]. El traslado del Gobierno a esta última ciudad significó el desplazamiento de muchas obras[39] y con ellas también funcionarios de la Biblioteca[40]. Otros quedaron en Madrid acudiendo a diario a la sede.

El día 12 de febrero de 1937 el Ministerio decidía cerrar varios centros culturales de Madrid, entre los que estaba la Biblioteca Nacional[41]. Entendamos el sentido de esta medida. La Biblioteca Nacional no recibía a más lectores pero no estaba suprimida. Se mantenía en los presupuestos[42] y el habilitado pagaba gastos menores y limpieza[43]. En su interior se trabajaba afanosamente para catalogar los miles de libros requisados a particulares a través de la Junta de Incautación y Conservación del Tesoro Artístico[44]. Otros bibliotecarios seguían su trabajo cotidiano y algunos compañeros quedaron a disposición de la Comisión delegada del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico.

Después de la Guerra Civil, la Biblioteca Nacional abrió sus puertas para no cerrarlas salvo los días feriados. En alguna ocasión ha interrumpido el servicio al público por motivos técnicos como los recuentos. Tampoco adoptó medida tan extrema cuando se embarcó en la remodelación del edificio, y eso que las obras duraron más de una década.

Como vemos, la clausura de los centros culturales es una medida excepcional en su historia y solo motivos sobresalientes justifican adoptarla como solución extrema. Hasta tal punto, que la perspectiva de un cierre a medio plazo conllevaba la acción del Estado para su control y reapertura[45] o absorción por otra biblioteca más potente[46]. Nuestra filosofía es el servicio a los ciudadanos pero sin ponerles en riesgo. Cerrada a sus lectores en febrero de 1937, la Biblioteca Nacional fue bombardeada en junio del mismo año[47].

En definitiva, el máximo servicio a los ciudadanos con la mayor garantía para su integridad son los dos principios que sirven para baremar la finalidad con las circunstancias coyunturales. Como ahora con la pandemia, aunque con la ventaja de mantener el servicio abierto gracias a los recursos que nos aportan las nuevas tecnologías. Lo que temporalmente hemos perdido –el contacto siempre enriquecedor con nuestros lectores presenciales- lo recuperamos en la aldea global del mundo virtual.

[1] A. León, El museo. Teoría, praxis y utopía, Madrid: Cátedra, 1990, p. 306-324; L. Alonso Fernández, Museología. Introducción a la teoría y práctica del Museo, Madrid: Istmo, 1993, p. 257-258; G. Ermisse, Les services de communication des archives au public, München, etc.: K. G. Saur, 1994, p. 3-9.

[2] M. A. López Trujillo, Patrimonio. La lucha por los bienes culturales españoles (1500-1939), Gijón: Trea, 2006, p. 196-202.

[3] J. M. García Madaria, Estructura de la Administración Central (1808-1931), Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1982, p. 129-143, 199-214; A. Guaita, El Ministerio de Fomento. 1832-1931, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1984.

[4] Importante el catálogo de la exposición organizada por la Biblioteca Nacional  Sic vos non vobis. 150 años de archiveros y bibliotecarios, Madrid: Biblioteca Nacional, 2008 que se complementa con A. Torreblanca López, El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 1858-2008. Historia burocrática de una institución sesquicentenaria, Madrid: Ministerio de Cultura, 2009.

[5] G. L. García López, Libros para no leer: el nacimiento de la política documental en España, Gijón: Trea, 2004, p. 133-157.

[6] BNE-A, Junta L.2, fol. 29 y Junta 139/087.

[7] Biblioteca Universitaria de Madrid (1888) BNE-A, Junta 183/082; Biblioteca Universitaria de Madrid (1890) BNE-A, Junta 157/034; Bibliotecas Provinciales (1891) BNE-A, Junta 157/050; Biblioteca Universitaria de Barcelona (1891) BNE-A, Junta L.2, fol. 80 y Junta 140/040; Biblioteca Universitaria de Zaragoza (1919) BNE-A, Junta L. 5, fol. 49v.-51 y Junta 142/042.

[8] Archivo de la Delegación de Hacienda de Orense (1905) BNE-A, Junta L.3, fol. 88-90 y Junta 141/037; Biblioteca Provincial de Palencia (1916) BNE-A, Junta L.5, fol. 4v.-7v y Junta 142/006; Biblioteca Provincial de Ciudad Real (1927) BNE-A, Junta 163/074; Biblioteca de la Facultad de Derecho de Madrid (1928, 1930) BNE-A, Junta 163/087 y 164/025; Biblioteca Provincial de Zamora (1933) BNE-A, Junta 176/022.

[9] Biblioteca Universitaria de Medicina de Zaragoza (1916) BNE-A, Junta L.5, fol. 1v.-2v y Junta 142/024.

[10] Biblioteca Provincial de León (1892, 1920) BNE-A, Junta 157/078 y 161/108.

[11] Biblioteca Provincial de Vizcaya (1905) BNE-A, Junta 160/008; Biblioteca de la Escuela de Arquitectura (1920) BNE-A, Junta 161/105 y 188/022; Biblioteca Provincial de Canarias (1932) BNE-A, Junta 165/025.

[12] Biblioteca de la Escuela de Arquitectura (1905, 1930) BNE-A, Junta 160/010 y 175/054; Biblioteca Provincial de Logroño (1935) BNE-A, Junta 167/082.

[13] Museo Arqueológico Nacional (1927) BNE-A, Junta L.6, fol.77-86v. y Junta 143/023.

[14] Museo Provincial de Toledo (1903) BNE-A, Junta 159/063.

[15] Biblioteca Provincial de Logroño (1920) BNE-A, Junta 161/101; Biblioteca Provincial de Palencia (1934) BNE-A, Junta 154/078 y 176/039.

[16] BNE-A, Junta 141/016, 176/023.

[17] Por ejemplo, los horarios de apertura y cierre de la Biblioteca Nacional entre 1835 y 1843, BNE-A, CTD 0104/03.

[18] BNE-A, CTD 0104/03.

[19] BNE-A, Junta L.02, fol. 98 y Junta 140/059.

[20] J. Lalinde Abadía, Los medios personales de gestión del poder público en la Historia española, Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1970, p. 134-135; A. Nieto, Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de María Cristina de Borbón, Barcelona: Ariel, 1996, p. 400-401.

[21] BNE-A, CTD 0132/05.

[22] BNE-A, BN 3147/012.

[23] BNE-A, BN 3150/037 y 042, 3151/005 y 044, 3156/075.

[24] BNE-A, CTD 0087/11.

[25] BNE-A, BN 0013/013.

[26] BNE-A, BN 3119/026.

[27] BNE-A, BN 3148/064.

[28] Fundamental la consulta de las contribuciones del catálogo de la exposición coordinado por B.Calvo Alonso-Cortés, Biblioteca en guerra, Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2005, con especial atención a la de E. Pérez Boyero, “El archivo de la Biblioteca Nacional: fuentes documentales para el estudio de los archivos, bibliotecas y museos españoles durante la guerra civil”, p. 169-165, que se completa con E. Pérez Boyero, “Notas y documentos sobre la protección y evacuación del patrimonio documental y bibliográfico durante la Guerra Civil Española”, Manuscrt.Cao, 9, 2010, p. 2-38.

[29] Esto se documenta el 30 de septiembre de 1936, BNE-A, Junta 210/117.

[30] BNE-A, Junta 210/022.

[31] BNE-A, Junta 210/060.

[32] BNE-A, Junta 210/070, 071.

[33] BNE-A, Junta 210/073.

[34] BNE-A, Junta 210/078.

[35] Biblioteca Pública de Málaga (1937) BNE-A, Junta 169/044; Biblioteca Pública de Salamanca (1937) BNE-A, Junta 169/074; Museo Provincial de León (1937) BNE-A, Junta 169/037; Biblioteca Provincial de Ávila (1937) BNE-A, Junta 170/021.

[36] BNE-A, Junta 210/001.

[37] BNE-A, Junta 177/073.

[38] BNE-A, Junta 211/03, 04, 24.

[39] BNE-A, Junta 211/005, 007, 010-012, 014-020 y 211/030, 031.

[40] BNE-A, Junta 211/047.

[41] BNE-A, Junta 211/040.

[42] BNE-A, Junta 212/038.

[43] BNE-A, Junta 212/027.

[44] BNE-A, Junta 211/081 y 086; 212/007 y 070. Sobre su funcionamiento, J. L. Hernando Garrido, Patrimonio histórico e ideología. Sobre vandalismo e iconoclastia en España: del siglo XIX al XXI, [s.l.]: Nausícaä, 2009, p. 231-239; R. Saavedra Arias, Destruir y proteger. El patrimonio histórico-artístico durante la Guerra Civil (1936-1939), Santander: Universidad de Cantabria, 2016, p. 316-336.

[45] Se planteó ante la perspectiva de un cierre a largo plazo de la Biblioteca Colombina, BNE-Junta L.3, fol. 73v.-74v. y Junta 141/027.

[46] Caso ejemplar el de la Biblioteca de Cortes, BNE-A, BN 0002/017 y 036.

[47] BNE-A, Junta 212/018 y 037.