La adquisición de bienes culturales por parte de las administraciones públicas: el papel de la Administración General del Estado y las disparidades orgánicas entre comunidades autónomas

La adquisición de bienes culturales por parte de las administraciones públicas: el papel de la Administración General del Estado y las disparidades orgánicas entre comunidades autónomas
16 de Mayo de 2024

Ángel Yenisei Ruiz Santana

erph. Revista electrónica de patrimonio histórico, ISSN-e 1988-7213, n. 33, 2023, p. 22-48

El proceso de adquisición de bienes culturales en España implica a la Administración General del Estado (AGE) y a las comunidades autónomas, cada una con sus respectivos mecanismos y estructuras. En el ámbito estatal, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Cultural desempeña un papel clave. Esta junta es responsable de valorar y decidir sobre la compra de bienes culturales, sujeta al acuerdo de la junta. Sin embargo, esta valoración es legalmente prescriptiva y puede haber casos en los que se rechace su evaluación. La inversión en adquisiciones culturales ha experimentado fluctuaciones en las últimas décadas. Aunque en la primera década del siglo XXI se realizaron inversiones considerables, desde 2010 se ha reducido el presupuesto. Recientemente, se observa una recuperación gradual, como lo demuestra la compra del Archivo Lafuente en 2021, con una inversión de treinta millones de euros. Sin embargo, persisten limitaciones presupuestarias y trabas burocráticas que dificultan la política de adquisiciones. En cuanto a la transparencia, la AGE suele rendir cuentas anuales sobre las cifras invertidas en adquirir bienes culturales. Aunque en el pasado se publicaban catálogos anuales detallando las adquisiciones, esta práctica ha disminuido desde 2015, limitándose a información estadística. Todo el proceso de adquisición está disponible en el sitio web del Ministerio de Cultura. A nivel autonómico, cada comunidad tiene su propia legislación y estructura para la adquisición de bienes culturales. Algunas, como Cataluña, cuentan con organismos similares a la junta estatal, mientras que otras, como Castilla-La Mancha, no los tienen o no están debidamente constituidos. Esta disparidad orgánica sugiere la necesidad de establecer criterios generales tanto a nivel estatal como autonómico para la adquisición de bienes culturales por parte de los organismos públicos.

https://doi.org/10.30827/erph.33.2023.26960

Resumen elaborado por IA con revisión de la Sección de Documentación Bibliotecaria

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